Inversión Extranjera Directa (IED)
Clave del éxito o límite del modelo.
OPINIÓN


La inversión en capital productivo constituye uno de los motores del crecimiento económico sostenible, tanto en el corto como en el largo plazo. En el corto plazo, la inversión actúa como un componente clave de la demanda agregada que dinamiza la actividad económica y permite ampliar la capacidad instalada. En el largo plazo, posibilita la acumulación de capital físico, impulsa la mejora de la productividad laboral y orienta la estructura productiva hacia los sectores más dinámicos, intensivos en tecnología y con mayor valor agregado.
La evidencia muestra que un mayor stock de capital por trabajador aumenta los salarios reales, no como resultado de un mayor esfuerzo físico, sino por la utilización más eficiente del tiempo de trabajo, potenciado por equipos, infraestructura y tecnología. La productividad – entendida como la cantidad de bienes y servicios generados por unidad de tiempo trabajado - determina en última instancia el nivel de vida de una nación. Esta, a su vez, depende de la inversión, del entorno macroeconómico, de la calidad institucional y de reglas de juego claras y estables.
Argentina atraviesa una nueva coyuntura. Luego de décadas marcadas por desequilibrios fiscales crónicos, expansión monetaria descontrolada, inflación persistente, un Estado sobredimensionado ineficiente y la pérdida de credibilidad y confianza de los inversores internacionales, el proceso de reformas estructurales iniciado en diciembre de 2023 busca restablecer las condiciones necesarias para la acumulación de capital y el crecimiento sostenido. A través de la reducción del gasto público, eliminación del déficit fiscal, una política monetaria prudente, el ordenamiento fiscal, la desregulación de mercados y un impulso decidido hacia la apertura económica, el gobierno procura generar un entorno más favorable para la inversión privada, tanto nacional como extranjera.
Este nuevo enfoque, sintetizado en los lemas de gestión de 2024 y 2025 - "la defensa de la vida, la libertad y la propiedad" y "la reconstrucción de la Nación Argentina" - intenta recuperar la centralidad de la iniciativa privada en el desarrollo económico, con el respeto a los contratos y la propiedad como ejes fundamentales de la vida institucional.
No obstante, el camino está todavía lejos de estar despejado. El nivel de inversión depende no sólo de la rentabilidad esperada, sino también de factores como la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la presión tributaria, el costo del financiamiento, la productividad laboral y las expectativas de crecimiento. Entre 2015 y 2019, el intento de normalización económica bajo un enfoque gradualista mostró sus límites: la falta de una consolidación fiscal efectiva, la persistencia de la inflación, la dependencia del endeudamiento externo, la demora en la implementación de reformas estructurales pendientes y un entorno institucional cada vez más incierto terminaron erosionando la confianza. La lección fue clara: sin cambios profundos y consistentes, las expectativas iniciales se desvanecen y el capital no llega.
El éxito del nuevo ciclo dependerá de la capacidad de sostener las reformas en el tiempo y de traducirlas en inversiones tangibles en el sector real de la economía. La inversión extranjera directa (IED) puede desempeñar un rol decisivo al fortalecer la balanza de pagos, ya que ingresa como capital de largo plazo y no genera presiones especulativas sobre el mercado cambiario. Al mismo tiempo, aporta activos intangibles (gerenciamiento), eleva la oferta de bienes transables y fortalece el perfil exportador (acceso a los mercados), lo que mejora la capacidad de generar divisas. En este sentido, un ciclo virtuoso de inversión y exportaciones permite acumular reservas, reduce la vulnerabilidad externa y estabiliza el tipo de cambio. Liberado de controles, el tipo de cambio encuentra su nivel de equilibrio de forma espontánea.
A diferencia de ciclos anteriores, el actual programa económico presenta atributos que pueden generar un entorno favorable para la inversión: recorte sustancial del gasto público innecesario, equilibrio fiscal, eliminación de la emisión monetaria como fuente de financiamiento del Estado, control sobre la inflación, apertura del cepo y unificación cambiaria, avance hacia la apertura comercial, y un discurso orientado a fortalecer la seguridad jurídica. Si estas medidas pro-libertad se sostienen y consolidan en el tiempo, podrían realinearse las expectativas empresarias con una mayor propensión a invertir.
En este contexto, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley N° 27.742 y reglamentado por el Decreto 749/2024, constituye una herramienta específica para atraer capitales de largo plazo en sectores estratégicos como energía, minería, petróleo y gas y tecnología, entre otros. Con beneficios aduaneros, fiscales y cambiarios, el RIGI busca ofrecer un marco de previsibilidad y estabilidad normativa por 30 años desde la fecha de adhesión para proyectos de más de USD 200 millones. Aunque su implementación refleja la necesidad de compensar deficiencias estructurales en el clima general de negocios, también representa una oportunidad concreta para destrabar inversiones de gran escala, si es percibido como creíble y con respaldo político e institucional.
El sector energético, con Vaca Muerta como eje, se perfila como uno de los principales motores del desarrollo. La ampliación de la infraestructura de transporte de gas, junto con el desarrollo de terminales y logística de transporte, puede posicionar a Argentina como un exportador neto de energía. En este marco, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), reorientada a la eficiencia y la asociación con capital privado, puede potenciar su impacto en su rol clave como socio técnico de inversores internacionales y facilitador de encadenamientos productivos. Desde una perspectiva de economía de mercado, la privatización de YPF sería un curso de acción lógico en línea con los principios de eficiencia y competencia. Sin embargo, esta discusión aún no forma parte de la agenda y está pendiente el debate profundo sobre su continuidad como un brazo político del Estado o el nuevo rol estratégico que debe ocupar la empresa.
En paralelo, la minería - con el litio, el cobre y otros minerales críticos - representa una oportunidad estratégica para que Argentina se inserte definitivamente en la transición energética global. Las inversiones en este sector no sólo generan empleo y divisas, sino que también tienen el potencial de dinamizar las economías regionales. Para que ese potencial se materialice en proyectos concretos, será clave asegurar un marco normativo claro y fortalecer la articulación entre el gobierno nacional y las provincias. Un federalismo fiscal más eficiente, una cooperación interjurisdiccional efectiva y la integración de las legislaciones locales con el RIGI pueden acelerar el desarrollo de iniciativas regionales con impacto nacional.
Naturalmente, las provincias deben garantizar la protección ambiental, la mejora de la infraestructura logística y la transparencia en la gestión de regalías. Asimismo, deben asumir un rol protagónico en su propio desarrollo económico, compitiendo para atraer inversiones de capital.
Los avances logrados en materia fiscal, monetaria y social han sido importantes. Se eliminó el déficit fiscal, se terminó con la emisión monetaria como fuente de financiamiento, se controló la inflación y mejoraron los indicadores sociales. Sin embargo, los riesgos son todavía altos y la situación sigue siendo frágil. Persiste la deuda en pesos indexada, el atraso tarifario en algunos sectores, la presión fiscal excesiva en todos los niveles de gobierno y los obstáculos estructurales en el mercado laboral. Además, la apreciación del peso empieza a poner en evidencia las debilidades de las economías regionales menos competitivas. Otra variable a seguir de cerca será el impacto de la desinflación sobre el empleo, dado que en Argentina la alta inflación actuaba como un amortiguador de las rigideces laborales (los incrementos salariales siempre iban por detrás de la inflación, lo que permitía evitar despidos).
La estabilidad alcanzada hasta el momento deberá complementarse con la agenda de reformas estructurales pendientes: simplificación y baja de impuestos, reforma laboral, integración internacional y desburocratización del comercio exterior. La consolidación del modelo aún está pendiente y dependerá - en gran medida - del despegue del sector real en los próximos años mediante la inversión privada. Mientras esto no suceda, la recuperación seguirá siendo limitada y vulnerable.
En este sentido, el éxito dependerá en gran parte del cambio cultural y la evolución de los valores y hábitos sociales hacia la búsqueda de la libertad y el mérito en un marco de reglas claras. Las transformaciones profundas no pueden imponerse ni decretarse, deben cultivarse. En otros términos, la política no puede ir más rápido que la cultura. El apoyo social - especialmente entre los sectores más jóvenes y productivos – al rumbo actual revela una posible ruptura con el estatismo como modelo de vida. Sin embargo, otra parte de la sociedad permanece atada a la lógica de la dependencia estatal. Es la contraposición entre dos modelos mentales: el del individuo libre y el del ciudadano tutelado por el Estado.
En este contexto, la llegada de inversiones al país no será únicamente una decisión de negocios, sino una señal concreta de que la confianza en Argentina comienza a reconstruirse, luego de décadas de interés decreciente de los inversores extranjeros por localizarse en el país como respuesta a la orientación elegida. Por ahora, esa confianza se concentra en la figura del presidente Milei. La credibilidad internacional de sus ideas y convicciones ha abierto una ventana de oportunidad. El desafío, sin embargo, es transformar esa confianza personal en confianza institucional. Si las inversiones finalmente llegan - y no es seguro que lo hagan - será porque se percibe un cambio estructural y duradero en las condiciones de fondo. Sólo entonces podrá activarse un ciclo de crecimiento genuino y sostenido. Porque sin inversión, no hay desarrollo posible.


