El fin de la ilusión

La Real Academia Española (RAE) define el término ilusión como “concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos”.

La génesis de la ilusión se manifiesta cuando el Estado, a través del diseño y la implementación de políticas e instituciones, debilita las señales de costos y beneficios. Según James Buchanan, esta ilusión surge de la percepción que los individuos tienen de las características inherentes a las distintas alternativas.

La disociación entre costos y beneficios facilita el aumento del tamaño del Estado, los déficits presupuestarios permanentes, la acumulación crónica de deuda y la emisión monetaria desmesurada, desencadenando la falta de crecimiento económico y la disminución del Producto Bruto Interno (PBI) per cápita.

El gasto público consolidado (nación, provincias, CABA y municipios), expresado en porcentaje sobre el Producto Bruto Interno (PBI) se mantuvo en un promedio del 44 % desde 2011. Este gasto se ha financiado mediante impuestos, deuda pública y emisión monetaria. Argentina ha llevado al límite todas estas variables. El aumento del tamaño del Estado, los déficits presupuestarios crónicos, una alta presión fiscal, niveles de endeudamiento alarmantes y una espiral inflacionaria, debilitaron los incentivos empresariales y han impactado negativamente en la acumulación de capital, dando como resultado la falta de crecimiento desde 2011 y el deterioro del bienestar de la población, evidenciado por una caída del PBI per cápita de casi el 10 %, según datos del Fondo Monetario Internacional (medido en dólares a precios constantes de 2017).

Desde 2012, el país ha mantenido déficits fiscales primarios y financieros (diferencia entre ingresos y gastos totales, incluyendo el pago de intereses de la deuda) de manera continua. La dirigencia política, en los diferentes niveles de gobierno, ha mostrado resistencia a reconocer la existencia de una restricción presupuestaria, tendiendo a gastar más de lo que ingresa. La ausencia del principio básico de que las finanzas públicas deben gestionarse con una conducta prudente ha sido evidente. Los resultados muestran que las políticas de gobierno implementadas por el populismo no sólo no mejoraron la distribución del ingreso, sino que se convirtieron en un freno para el crecimiento y promovieron un entorno económico distorsionado. La experiencia debería guiar hacia la premisa de un presupuesto público equilibrado o con superávit, salvo en circunstancias excepcionales como una pandemia. Como advirtió Adam Smith en la Riqueza de las Naciones (1776), “lo que es prudente en la conducta de una familia nunca será una locura en la de un gran reino”.

Según el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) de junio de 2023 existen 148 tributos diferentes entre los niveles de gobierno nacional, provincial y municipal, concentrándose el 91 % de la recaudación consolidada en 10 tributos. Esta compleja estructura tributaria crea una telaraña impositiva, generando una ilusión fiscal donde el costo real del Estado es percibido más bajo que lo que realmente es. En 2020, un trabajador asalariado tuvo que dedicar entre 181 y 214 días de trabajo, según sus ingresos, para cumplir con sus obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno. Según datos del Ministerio de Economía, la presión tributaria en 2022 (recaudación de impuestos, tasas y contribuciones en términos del PBI) alcanzó el 29,63 % del PBI, con un aumento superior al 20 % (21,82 %) respecto a 2004, alcanzando un máximo del 31,45 % en 2015.

La deuda bruta en porcentaje del PBI - el total de las obligaciones contractuales públicas, privadas y con organismos internacionales que asume el Estado para financiarse - se duplicó entre 2012 y 2023 según cifras del Ministerio de Economía, con un incremento en el período del 118,81 % (al segundo trimestre de 2023). Esto implica que cada habitante debía a esa fecha 8.700 dólares que al tipo de cambio oficial representan hoy en día más de 7 millones de pesos, generando mayores cargas fiscales para los contribuyentes actuales y futuros.

El constante aumento del gasto público y la expansión monetaria desde mediados de la década del cuarenta han llevado a Argentina por el camino de la inflación. Según el informe del Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe “Historia de la inflación en Argentina” (2022), en términos estadísticos, “los últimos 210 años registran una tasa de inflación promedio de 51,0 % anual, siendo el máximo histórico de 3.079,5 % en el año 1989”.

Manuel A. Solanet, en su presentación “Historia y causas de la inflación en la Argentina” ante la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, el 24 de junio de 2015, graficó la pérdida del poder adquisitivo que provoca la inflación expresando que para un café en 2015 se necesitaban 5.000 millones de toneladas de monedas de 20 centavos de las que en 1945 permitían tomar un café, y que esa cantidad de monedas puestas en camiones de 20 toneladas implicarían una cola de 60 vueltas al ecuador terrestre.

Según infobae (12/01), en base a datos de la consultora Econométrica, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner acumuló una inflación del 1.147 % en sus cuatro años de gestión, el segundo registro más alto desde el retorno de la democracia. En otros términos, los precios se multiplicaron, en promedio, por 12 en 4 años a pesar de la intervención sobre los precios y tarifas. El índice de Precios al Consumidor cerró 2023 con un nivel del 211,40 %, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Argentina integra, junto al Líbano (192,30 %) y Venezuela (189,80 %), la trilogía de países con más de 100 % de inflación acumulada en un año.

La inflación, además de beneficiar al gobierno y a los deudores a expensas de los acreedores, altera los precios relativos, cambia la dirección de la demanda y la asignación de recursos, perturba el funcionamiento general de la economía y genera una disminución de la productividad y los salarios reales. Como afirmó Adam Smith, “la medida más habitual para disfrazar la quiebra de la hacienda pública a través de un pago simulado ha sido la elevación de la denominación de la moneda […] Un pago simulado de esta clase […] extiende la calamidad a un notable número de otras personas inocentes”.

Los argentinos parecen haber comprendido que el aumento del tamaño del Estado, los déficits presupuestarios, la deuda perpetua y la presión inflacionaria generados por decisiones políticas irresponsables no son beneficiosos. Los errores del pasado deben servir de lección para que una política prudente establezca un marco de racionalidad económica y restricciones institucionales que erradiquen las inconsistencias macroeconómicas (cambiarias, fiscales y monetarias) resultantes de malas decisiones políticas, que sólo contemplaron decisiones relativas al gasto sin tener en cuenta el lado de los ingresos. Los datos respaldan los resultados alcanzados hasta el momento, pero el diagnóstico claro es sólo un primer paso. Se requiere una mayor calidad institucional y un cambio de comportamiento en la gestión de lo público. Para la política irresponsable puede resultar atractivo a corto plazo aprobar programas de gasto público cargando el costo a los contribuyentes en búsqueda de réditos políticos, pero la realidad de que alguien debe pagar la cuenta tarde o temprano es inevitable.

La fiesta ha llegado a su fin, y ahora todos los argentinos se enfrentan a las consecuencias. Las expectativas residen en que una mayor calidad institucional y una política prudente prevengan nuevas fiestas en el futuro, donde los organizadores disfrutan a expensas de todos.