DNU del presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei fue electo en el balotaje realizado el 19 de noviembre de 2023, consolidando su liderazgo con el 55,65 % de los votantes (14.554.560 votos), en un acto electoral que tuvo la participación del 76,32 % del padrón electoral.

En su primer discurso presidencial, Milei reiteró el estado crítico de las principales variables económicas y sociales del país. A lo largo de la campaña y en declaraciones previas, el mandatario enfatizó sobre sus principales preocupaciones: una economía que no crece (desde 2011), alta distorsión en los precios relativos, déficits gemelos (que alcanzan a 17 puntos del PBI), inflación mensual superior al 20 % (la más alta desde la convertibilidad), un tipo de cambio oficial atrasado (con una brecha en máximos), reservas negativas del Banco Central (por USD 11.000 millones), altos pasivos monetarios del Banco Central (cercanos a 10% del PBI), deuda de importadores con proveedores superando la media histórica (en más de USD 30.000 millones), elevado gasto público (en torno al 38 % del PIB), incumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mercados financieros internacionales cerrados, escasa inversión extranjera directa, salarios reales en caída (una disminución del 45 % desde el 2017), PBI real per cápita deteriorado (con una caída del 14,80 % desde el 2011), caída del empleo asalariado privado (10 % desde el 2012), crecimiento del empleo público (48 % desde el 2012), pobreza que afecta a casi el 45 % de la población (considerando la medición del INDEC que asume que las familias son propietarias) y un nivel de indigencia cercano al 10 %, entre otros indicadores.

Poniendo distancia con el relato, la manipulación de la información o la mentira política, entendida como aquella que ataca una realidad pública conocida por todos (concepto desarrollado por Hannah Arendt en su ensayo “Verdad y política” en 1964), el presidente optó por abordar los asuntos públicos urgentes de manera fundamentada, basándose en la evidencia proporcionada por los datos. Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, destacó este enfoque al comentar en X (ex-Twitter) sobre el discurso de Milei: “Te mintieron durante 80 años, ayer te dijeron toda la verdad en 10 minutos”, subrayando la transparencia y franqueza percibida en la presentación de los hechos por parte del presidente.

Ante la presente coyuntura, fundamentó la inevitabilidad del ajuste y la necesidad de adoptar medidas de shock, en lugar de un cambio gradual, más moderado. En el análisis detalló que, en el corto plazo, el ajuste fiscal impactará de modo negativo en el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, así como en la cantidad de pobres e indigentes. Asimismo, alertó sobre los riesgos de una hiperinflación y destacó las posibles consecuencias de su materialización.

En sintonía con el diagnóstico expuesto y las soluciones propuestas durante la campaña electoral, adoptó medidas ortodoxas orientadas a la desregularización y estabilización de la economía, la eliminación de la emisión monetaria, la reducción del déficit fiscal y la corrección de las distorsiones en los precios relativos a corto plazo.

El 20 de diciembre, a tan solo diez días de asumir el cargo, el presidente emite el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023), publicado en el Boletín Oficial el 21/12, bajo el título “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina” (a diez días de asumir). El 27 de diciembre remite al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley titulado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (MEN-2023-7-APN-PTE).

El DNU, que no especifica fecha de vigencia, rige desde el viernes 29 de diciembre, conforme a lo establecido por el Código Civil y Comercial (8 días después de su publicación en el Boletín Oficial). En observancia a lo normado por la Constitución, la Jefatura de Gabinete de Ministros remite el DNU al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero. Este Decreto declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera, fiscal, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de prorrogarse por dos años más a discreción del Poder Ejecutivo. El decreto desregula el comercio, la industria y los servicios, abriendo la puerta a la privatización de empresas públicas con el objetivo de modernizar el Estado y fomentar una mayor inserción del país en el comercio internacional. Deroga, entre otras, las leyes de abastecimiento, alquileres, de compre nacional (en forma parcial), góndolas, promoción comercial, promoción industrial y de tierras.

Conocida como la “Ley Ómnibus”, esta legislación impulsa cambios, anticipados previamente por el presidente en caso de que la sociedad le otorgara el poder, en algunas materias que la Constitución establece que son atribución del Congreso. Contiene reformas en materia económica, energética, electoral (boleta única, derogación de las PASO), impositiva (blanqueo, baja gradual del impuesto sobre los bienes personales, derogación del impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, y moratoria) y penal.

El procedimiento seguido por el Poder Ejecutivo Nacional se halla contemplado en el artículo 99 de la Constitución Nacional, el cual define las atribuciones del presidente de la Nación. En particular, el inciso 3, establece lo siguiente:

“Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.

Conforme a lo establecido por la Constitución y la Ley 26.122/06, promulgada durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, la Comisión Bicameral tiene la responsabilidad de pronunciarse en un plazo de 10 días hábiles, contados desde el ingreso del decreto el 5 de enero, sobre la validez o invalidez del mismo. Este análisis aborda tanto los requisitos formales como sustanciales para su emisión, y posteriormente debe elevar su dictamen al plenario de cada Cámara para su consideración. El decreto permanece vigente si no es rechazado por ambas cámaras legislativas, requiriendo una mayoría absoluta de los miembros presentes (la mitad más uno), para su rechazo. La ley establece que las Cámaras no tienen la facultad de introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo limitarse a aceptar o rechazar la norma.

Ante la vertiginosa sucesión (al parecer algunos ciudadanos y parte de la política, luego de cuatro años, se desacostumbraron a que quienes gobiernan gestionen) de diagnóstico, medidas y acciones ejecutadas, las respuestas y críticas no se hicieron esperar. Se produjeron actuaciones, declaraciones y hasta teatralizaciones de toda naturaleza. Algunos declararon sentirse abrumados o aturdidos, otros anonadados ante la magnitud de los cambios.

Hay declaraciones que asocian los DNU con los decretos leyes de las dictaduras militares, mientras que otros resaltan que los gobiernos con espíritu democrático han recurrido de manera excepcional a este recurso legal. Muchos recuerdan que desde la Constitución de 1853 hasta 1983, sólo se emitieron 25 DNU. Sin embargo, datos publicados por Ámbito Financiero (21/12/23) señalan que Carlos Menem firmó 545 (en 10 años), Eduardo Duhalde 158 (en un año de gestión), Néstor Kirchner 270 (en 4 años), Cristina F. de Kirchner 76 (en 8 años) y Mauricio Macri 70 (en 4 años). Estos ejemplos revelan la complejidad de evaluar estos instrumentos sin considerar el contexto histórico y las circunstancias específicas de cada gestión.

La tendencia declinante de la economía argentina sólo puede revertirse si se transforma el marco institucional. El exceso de regulaciones y las malas leyes actúan como obstáculos para la inversión y el desarrollo, como expone el extenso trabajo llevado a cabo por Federico Sturzenegger y sus colaboradores.

Como se mencionó, el DNU no puede ser modificado por el Congreso, ya que la votación debe ser de carácter afirmativo o negativo, sin posibilidad de alteraciones. En lo que respecta a la ley, algunos legisladores plantean la necesidad de discutir mejoras en ciertos artículos, lo cual es un enfoque válido. La incorporación de nuevas perspectivas y aportes es deseable y esencial. Muchos están dispuestos a respaldar las reformas propuestas por el presidente Javier Milei, mientras que el gobierno se muestra receptivo a escuchar e introducir cambios.

Sin embargo, el desempeño de ciertos legisladores en la conformación de las comisiones para el tratamiento de la ley dista considerablemente de las expectativas y demandas de la ciudadanía. Algunos se resisten a dar un salto cualitativo para responder a las necesidades de la población, mientras otros cuestionan la falta de explicación por parte del Poder Ejecutivo Nacional sobre la urgencia y necesidad de modificar leyes previamente aprobadas y sancionadas en el ámbito legislativo.

Preocupan los problemas auditivos o la falta de comprensión lectora de algunos legisladores para captar las propuestas o examinar los fundamentos de la ley. Algunos, sin fundamento lógico, argumentan que la inclusión de numerosas reformas sobre temas ya debatidos y regulados en el DNU, actualmente en consideración en el Congreso, tiene como objetivo evitar el debate parlamentario.

La dinámica entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo Nacional es una de las causas de la situación actual. El Congreso, por acciones y omisiones pasadas, comparte la responsabilidad de que el país se encuentre nuevamente al borde de lo que podría ser su peor crisis. Los ciudadanos esperan que predomine la actuación responsable, la opinión fundamentada y el debate político honesto, atendiendo a los graves problemas públicos existentes, y que los legisladores estén a la altura que las circunstancias demandan. No se trata sólo de procedimientos y reglas, sino también de actitudes, prácticas políticas y valores.

El Congreso, como estructura institucional rectora, se presenta como un actor indispensable para resolver el debate, tanto a nivel político como normativo. La situación demanda que ambos poderes utilicen su poder constitucional de manera colaborativa para buscar soluciones a los acuciantes problemas que afectan al país.

Como señala el presidente Milei, los vicios de la mala política dicen presente. Se escuchan voces que recurren a la dialéctica fácil, refriéndose a las acciones emprendidas por el gobierno como un intento de retener la suma del poder público, de imponer un proyecto político para algunos, de liquidar la soberanía popular. Se requiere que primen las propuestas constructivas, basadas en la prudencia que amerita la situación que viven millones de argentinos, y permitan acordar un plan, una dirección, un sentido. Es lamentable que quienes están en la palestra política desde hace largo tiempo puedan manifestar que desde que asumió Milei - hace hoy exactamente un mes - los argentinos se caen del sistema laboral o se desmorona el poder económico. Mas cuando estas expresiones se vierten antes de conocerse el DNU o la Ley Ómnibus o sin que haya existido tiempo, no ya para un análisis profundo, sino para una simple lectura. Son demasiados años en los que la mala política no pudo, no supo o no quiso construir un proyecto que acompañe el esfuerzo sostenido del ciudadano común. Sería deseable que se comiencen a oír más fuerte las voces de aquellos que entienden la política como servicio y no como privilegio. La política debe estar al servicio de la solución de los problemas públicos y no ser parte de la causa de los problemas públicos.

Las agrupaciones y asociaciones institucionalizadas se organizan con el propósito de salvaguardar intereses sectoriales. Así como un nuevo gobierno se enfrenta al desafío de gestionar en un contexto derivado de decisiones pasadas, también debe lidiar con los intereses particulares de diversos grupos que han cosechado beneficios a partir de determinadas políticas del pasado. Cada grupo defiende sus propios intereses, elabora sus propios diagnósticos y formula propuestas con el objetivo de salvaguardar sus intereses de la mejor manera posible.

Algunas entidades, como la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa o la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo, han optado por presentar recursos ante el Poder Judicial. Otras acciones son de índole más política, como el recurso presentado por la Federación de Municipios. La Asociación Civil Inquilinos Agrupados parece respaldar una ley que, según la evidencia, ha resultado en la destrucción del mercado inmobiliario y ha generado pérdidas generalizadas. Estas dinámicas son inherentes a la democracia.

El tiempo mostrará si los ciudadanos argentinos continúan en un régimen donde el exceso de regulación normativa y las medidas arbitrarias benefician a ciertos sectores, complican la competencia o crean condiciones más propicias para el monopolio de las actividades. O, por el contrario, se encuentran en un escenario de mayor libertad en las actividades, caracterizado por menores restricciones regulatorias, cargas burocráticas reducidas, procesos más ágiles y la presencia de más y mejores empresas compitiendo en cada sector. En última instancia, si los individuos, en forma organizada, pueden trabajar, ahorrar, producir y exportar con menos barreras al crecimiento.

Capítulo aparte es la decisión de la dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) de convocar a un paro general para el día 24 de enero, apenas 45 días después de la asunción del nuevo gobierno. Se trata del paro general más rápido desde el retorno de la democracia en 1983. Era previsible que ciertos representantes gremiales, especialmente aquellos que lideraron abiertamente el respaldo sindical al candidato opositor al presidente Milei en el balotaje, se manifestaran en contra de cualquier iniciativa del nuevo gobierno, en defensa de los privilegios que, en muchos casos, han mantenido durante más de tres o cuatro décadas.

No obstante, es preocupante que esta decisión se tome sin considerar los perjuicios económicos y sociales que conlleva. Están jugando con fuego, o mejor dicho, están manipulando la realidad de millones de argentinos que se encuentran sumidos en la pobreza y en la miseria. Buscan justificar su pasividad durante el gobierno anterior, período en el cual, por primera vez en la historia del país, el trabajador asalariado formal se encuentra en situación de pobreza, argumentando que no se afectó el trabajo durante ese tiempo.

En este momento crucial, el país tiene necesidad y urgencia de liderazgos sindicales que ejerzan sus roles directivos y funciones con responsabilidad, poniendo de lado los intereses partidistas en su papel como dirigentes en el ámbito laboral. Es esencial que dejen de empujar sistemáticamente al país hacia una crisis cuando no comparten la orientación política del gobierno de turno. Hasta el ex ministro Sergio Tomás Mazza ha advertido sobre la falta de perspectiva de los dirigentes respecto a la oportunidad del paro general, especialmente cuando aún es imposible evaluar los resultados de las acciones propuestas por el nuevo gobierno.

Todo gobierno asume con el amplio mandato de actuar para resolver los problemas económicos y sociales urgentes que aquejan al país. Los considerandos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) describen las condiciones heredadas, la situación crítica y la emergencia sin precedentes de “inédita gravedad”, así como los riesgos de un mayor deterioro de la situación económica y social. Se destaca la imperiosa necesidad de actuar de manera urgente, sin demoras, con el objetivo de evitar que se agraven las actuales condiciones adversas que enfrenta la nación y se materialicen los riesgos asociados a una hiperinflación que podría resultar en un 90 % de ciudadanos en situación de pobreza y un 50 % en estado de indigencia. Se enfatiza que la gravedad de la crisis “pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo en procura del bien común”.

En el año 2023, la pobreza alcanza el 44.70 % y la indigencia se sitúa en el 9,60 % de la población urbana, cifras atenuadas por los programas de asistencia social del Estado. Más de 6 millones de menores de edad pasan hambre. Los datos son alarmantes y los números no cierran. No hay plata y no hay tiempo. Sólo ausencia de inversión y endeudamiento. Argentina tiene una economía de un Estado quebrado. La deuda total de los argentinos supera los USD 530.000 millones, con obligaciones del Banco Central de la República Argentina, el Tesoro e YPF que superan los USD 60.000 millones. En el 2024 hay vencimientos por más de USD 100.000 millones. En este contexto, los empresarios necesitan certidumbre y reglas de juego transparentes para materializar sus decisiones de inversión. Además, no hay espacio para las ambiciones personales de los dirigentes y representantes: lo que hay es necesidad y urgencia imperativas que deben ser abordadas con prontitud.

Dadas las condiciones heredadas, no es posible una recuperación rápida. El gobierno, desde su asunción, imprimió una fuerte dinámica en su gestión diaria. Se espera que este esfuerzo, sumado al compromiso cotidiano del ciudadano común, contribuya a poner fin a la “larga historia de decadencia” e inaugure una “era de reconstrucción nacional”. Aspiramos a que la dura realidad experimentada a diario por millones de argentinos no sea en vano y haya luz al final del túnel. Y que el túnel no sea tan largo que se haga eterno. La posibilidad de evitar que el túnel se prolongue indefinidamente depende de que la política, con mayúsculas, se haga presente. Las fuerzas del cielo iluminen a los argentinos.