Argentina y El Acuerdo de París

El Acuerdo de París, adoptado en 2015 y aprobado por Argentina a través de la Ley 27.270 en 2016, es un tratado internacional jurídicamente vinculante para los Estados Parte que lo ratificaron, que establece compromisos para limitar el aumento de la temperatura global y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En un mundo donde la sostenibilidad juega un rol central en la economía global, los compromisos climáticos de los países ya no son solo una cuestión ambiental, sino también un factor clave para el comercio, la inversión y el desarrollo.

El gobierno de Argentina, bajo la presidencia de Javier Milei, decidió retirar al país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ha expresado a los medios de comunicación que está bajo análisis la posibilidad de abandonar el Acuerdo de París. Esta iniciativa ha generado un fuerte debate sobre las posibles consecuencias de esta eventual medida en el acceso a mercados internacionales, financiamiento externo y competitividad.

En virtud del Acuerdo de París, el país se comprometió a aumentar gradualmente sus esfuerzos de mitigación y considerar la adopción de metas de reducción o limitación de las emisiones para el conjunto de la economía, a la luz de sus circunstancias nacionales, y a proporcionar informes periódicos sobre el inventario nacional de las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros de gases de efecto invernadero, y los progresos alcanzados en la aplicación y el cumplimiento de su contribución determinada a nivel nacional. El cumplimiento de los compromisos internacionales no solo fortalece la confianza de la comunidad global en un país, sino que también genera previsibilidad a los actores económicos, y facilita la integración en la economía mundial. La salida del Acuerdo de París podría agravar la falta de confianza en el país, ya deteriorada por su historial de incumplimiento de compromisos internacionales.

Las empresas internacionales exigen cada vez más trazabilidad ambiental en sus cadenas de suministro y el cumplimiento de estándares ambientales para operar en un país. En la producción de litio, por ejemplo, clave para la transición energética global, la adhesión a estándares internacionales es fundamental para asegurar su demanda en los mercados más exigentes (automotrices y tecnológicas). Sin compromisos ambientales claros, los proyectos de sectores estratégicos que requieren financiamiento a largo plazo podrían enfrentar mayores restricciones de inversión y dificultades para insertarse en cadenas de valor globales que priorizan la sostenibilidad.

El comercio mundial está cambiando y la sostenibilidad es ahora un requisito ineludible. La Unión Europea, uno de los destinos de las exportaciones argentinas, ha implementado regulaciones como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), adoptado en mayo de 2023, que busca evitar el riesgo de fuga de carbono e impone aranceles a productos importados con una alta huella de carbono, y la Ley de Deforestación Cero, aprobada en abril de 2023, que prohíbe la importación y comercialización de materias primas y sus derivados que provienen de áreas deforestadas (o con degradación forestal) después del 31 de diciembre de 2020. En este contexto, la competitividad de las empresas argentinas en mercados internacionales ya no solo depende de costos de producción o el tipo de cambio, sino también de la capacidad para demostrar sostenibilidad en su producción. La ausencia de una política climática alineada con estándares ambientales internacionales podría derivar en una pérdida de competitividad y mercados de ciertas exportaciones argentinas, como carne, fertilizantes, soja y derivados.

El financiamiento internacional ha evolucionado hacia modelos que priorizan la sostenibilidad. Las entidades financieras internacionales y los organismos multilaterales de crédito han incorporado criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) como parte de sus condiciones para la concesión de créditos y financiamiento de inversiones en infraestructura sostenible y energías limpias, como los parques eólicos o solares. A través de iniciativas como el programa RenovAr, el país ha logrado atraer inversiones en energías renovables con financiamiento de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, la emisión de bonos verdes ha permitido canalizar fondos hacia proyectos de infraestructura sostenible. La salida del Acuerdo de París podría aumentar la percepción de riesgo ambiental, reduciendo las oportunidades de acceso a estos instrumentos y/o elevando el costo del financiamiento externo.

La permanencia de Argentina en el Acuerdo de París no es únicamente una cuestión ambiental. Es una muestra de previsibilidad institucional, facilita la inserción en los mercados internacionales y mejora el acceso a financiamiento, elementos clave para atraer inversiones y promover un desarrollo sostenible. La evolución del comercio global y las tendencias en inversión y financiamiento exigen una alineación con estándares ambientales, lo que posiciona a la política climática como un factor estratégico para la competitividad y el crecimiento económico de un país.

Por supuesto que la permanencia en el Acuerdo de París no es suficiente por sí sola. Argentina aún enfrenta múltiples desafíos internos en la implementación de mecanismos efectivos de reducción de emisiones. El país carece de un mercado de carbono plenamente operativo y necesita fortalecer incentivos a la inversión sostenible para consolidar un crecimiento económico alineado con los desafíos ambientales del siglo XXI.

* Artículo publicado en la Revista CarboNomía Edición N° 1 de Green Direction Global.